- 0 Comments
- July 6, 2017
Para evitar el daño permanentemente a los sectores productivos del país, Rogelio F. Montemayor, presidente de CANACAR, plantea tipificar como un delito de orden federal el robo al autotransporte de carga.
El autotransporte de carga está transitando por una grave crisis de seguridad. El alarmante incremento en la cuantificación del delito de robo en los últimos años, es muestra del imparable flagelo que todos los días se genera en las vías federales del país.
Observamos una problemática compleja en donde la capacidad y procedimientos del Estado han quedado totalmente rebasados por la acción de grupos delincuenciales organizados que han diversificado sus operaciones a otras actividades criminales, encontrando en el transporte carretero un blanco apropiado para allegarse de recursos.
El robo a transporte de carga está presente, materialmente, en todo el territorio nacional, concentrándose hoy en día en la región oeste y centro del país, principalmente, en las entidades de Guanajuato, Puebla y Estado de México.
El Centro de Inteligencia SensiGuard Supply Chain, en su Reporte Anual 2016, indica que, durante ese año, Guanajuato encabezó la lista de las 10 entidades con mayor incidencia de robos a transporte de carga identificados, con un total de 312 hechos; mientras que en el 2015, el estado de Puebla ocupó la primera posición con un total de 160 eventos.
Estamos viviendo una preocupante escalada de inseguridad y violencia en el país, en el que las carreteras son actualmente terreno fértil para el atraco a transporte. Robos, asaltos, bloqueos, venta de combustible robado, entre otros delitos, se convierten en alarmantes fenómenos cada vez más peligrosos que afecta la competitividad de nuestro sector.
Reconocemos el esfuerzo de los elementos de la Policía Federal en las tareas de seguridad, de quienes los transportistas hemos tenido una gran colaboración e inmediata reacción en las carreteras. Creemos que dicha colaboración debe reforzarse, se requiere dotar de mayor elementos y presupuesto a las fuerzas del orden para que realmente el combate al delito sea del todo exitoso, que se desprenda de una efectiva política de seguridad de Estado que genere nuevas estrategias para cerrar el paso a grupos criminales organizados.
Datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el informe publicado Incidencia Delictiva del Fuero Común, en su rubro de Robo en Carreteras a Camiones de Carga, Con Violencia y Sin Violencia, registró durante el año 2014 un total de 568 eventos; en 2015, incrementó a 986, y en el año 2016 hubo un total de 1,590 hurtos.
Como podemos ver, al paso de los últimos 3 años los números advierten, sin duda, un fuerte incremento al sumar 3,144 robos en su totalidad, situación realmente preocupante.
En otro dato, no igual de alentador, el informe de SESNSP indica que en el primer trimestre del 2017, se registraron 1,055 atracos, lo que de seguir a ese ritmo, se estima que en este mismo año el robo de carga incremente 37% respecto al 2016, según el Centro de Inteligencia SensiGuard Supply Chain.
Poniendo en contexto la dura situación de los robos en carreteras, un reporte mensual del Observatorio Nacional Ciudadano, que da cuenta del número de delitos de alto impacto que se registran en el país, apunta que el primer trimestre de 2017 ha sido el peor en términos de violencia de este sexenio.
Es innegable que al lamentable fenómeno de la inseguridad que padecemos, se suman nocivas prácticas como la impunidad y corrupción que, todas ellas juntas, conforman un pernicioso trinomio que daña, desafortunadamente, el desarrollo social y económico de nuestra nación.
México alcanza uno de los peores desempeños en el Índice Global de Impunidad 2015, ubicándose en el lugar 58 de 59 países, por lo que el reto de disminuir los indices delictivos, es casi un anhelo inalcanzable.
Al mismo tiempo, la corrupción crece en el país: en 2016 se ubicó en el sitio 123 entre 176 países analizados, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado por Transparencia Mexicana. El estudio también nos dice que de las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar en la materia.
Sin duda, en este entorno tan complicado urge atender el robo a transporte de carga de una manera estructural y no de manera aislada, pues al ser una actividad de alto riesgo, daña toda la cadena de proveeduría afectando seriamente a los sectores productivos.
Para ello se requiere el trabajo en varios frentes que brinden las soluciones al problema; sin embargo, quiero referirme a una propuesta, en específico, de valiosa aportación para combatir el delito en carreteras.
Hoy en día, el robo al autotransporte se penaliza como un delito del fuero común, lo cual complica la persecución y seguimiento del mismo e imposibilita llevar una estadística real de los eventos. Al no perseguirse de oficio, la propia ley da ventaja al delincuente para evadirse ante la falta de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, lo que hace materialmente imposible la detención de quienes comenten el ilícito.
Por eso, insistimos que son inaplazables reformas inmediatas a la ley por parte de los legisladores del Congreso de la Unión, que tipifiquen como un delito de orden federal el robo al autotransporte de carga. Es momento que el robo a transportistas ya sea considerado un delito grave que se persiga de oficio.
Con esta demanda de modificación a la ley buscamos desalentar el robo en las vías federales para que regrese la tranquilidad a nuestras carreteras. Creemos que es un gran avance pues aportará mucho en las tareas de seguridad, siempre y cuando venga encaminada como parte de un planteamiento integral de nuestras autoridades capaz de proporcionar las soluciones de fondo, que concentre los esfuerzos de todas las instancias encargadas de brindarnos seguridad.
Corresponde al Estado ser el responsable de velar por la tranquilidad ciudadana, garantizando la seguridad de los mexicanos, así como de los sectores productivos. Buscamos en las instituciones del país reforzar las políticas públicas que protejan a los transportistas de un delito que se muestra imparable vulnerando el desarrollo de la economía nacional, el mercado formal y la estabilidad laboral de los mexicanos.
—–000—–
